CANTIDAD NO ES CALIDAD

En últimos informes conocidos  se ha revelado que nuestro país tiene 140 universidades,  a primera vista esto nos presenta un panorama alentador, porque los jóvenes que terminan la secundaria buscan su rumbo profesional proyectándose los nuevos doctores, abogados, ingenieros, administradores, agentes de turismo, etc. Pero que tan real puede ser esta abundancia de centros superiores de estudio que superan incluso a las que funcionan en  países europeos.

Antes de los 90, los salientes escolares pensaban como fin supremo ingresar a la Universidad San Marcos, UNI, Villareal, Católica, Pacifico, Ricardo Palma, si deseaban ser ingenieros, doctores, abogados o economistas, pero si querían ser técnicos postulaban a Senati o algún instituto privado; sin embargo con el régimen de Alberto Fujimori las universidades no se daban abasto para los miles de postulantes como sucedía con la San Marcos que realizaba un solo examen de admisión anual para cinco mil vacantes se presentaban cincuenta mil jóvenes, por lo que se permitió fundar nuevas universidades mediante promotores e incentivar los programas de educación a distancia.

Pero como sabemos “hecha la  ley, hecha la trampa”, se empezó a ofrecer en estas nuevas universidades modernos laboratorios, amplios salones, claro que estos beneficios tenían su costo por lo que el precio  por estudiar aquí era relativamente alto, pero todo era válido por un mejor futuro frente a universidades como las nacionales que estaban en su peor momento acechadas por el terrorismo, los cortos presupuestos para su infraestructura, por lo que la cantidad de postulantes se redujo drásticamente y  muchos padres preferían a las  nuevas.

El caso de la San Marcos, se vio obligada a organizar dos exámenes al año, además la situación empeora cuando las fuerzas armadas toman el control interno de estos centros de estudios, agregándose que además de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) se creó la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades(CONAFU), cuya labor sería confirmar con el cumplimiento de los requisitos para brindar un buen servicio educativo, pero  como en el desierto estos universidades particulares eran espejismo porque los modernos laboratorios, los amplios salones y docentes de primera línea solo aparecían en los folletos informativos porque incluso algunas funcionaban en cocheras.

Frente a todo esto, en las mediciones internacionales revelaban una bajísima calidad porque ninguna figuraba entre las mejores de Sudamérica, pues uno de los defectos es que por un sobre con dinero se aprobaba el funcionamiento de la universidad, incluyendo  las sedes en provincias y la falta de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, agregándose que a nivel  del estado también por  un tema populista se creaban más universidades nacionales, sin tener en cuenta el presupuesto respectivo, el local y el personal docente, solo por complacer a los electores.

Para combatir este caos durante el gobierno de Ollanta Humala se trabaja una nueva ley universitaria que marcaba algo importante, los docentes en un gran porcentaje debían tener doctorados para ejercer la carrera, además de crear la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y se desactivaba la ANR porque ya no cumplía su trabajo de fiscalización, pero las rebeliones de los afectados (autoridades universitarias) indicando que presentarían amparos legales ante el poder judicial o rechazarían que las comisiones evaluadoras.

El Perú del 2018 ya logro superar los males que acechaban los años 80, pero eso tiene que ir de la mano  con un política educativa que permitan a los jóvenes encontrar una carrera profesional  con futuro en el mercado laboral y para eso se debe terminar con la mafia que  se enriquece en base a las esperanzas de los miles de postulantes.